Gobierno de Bolivia pone bajo su supervisión a petrolera estatal por crisis de combustibles
El gobierno de Bolivia informó el miércoles que puso bajo su supervisión temporal a la petrolera estatal YPFB por deficiencias en la importación y distribución de combustibles, en medio de una grave crisis de abastecimiento.
Además de la intervención, el Ministerio de Hidrocarburos anunció que el gobierno tiene "la intención" de quitar "paulatinamente" a YPFB su rol de comercializadora para cedérselo a empresas privadas y dedicarse a la explotación, exploración y refinación.
La compañía estatal se encarga hasta ahora de comercializar el combustible, un proceso que incluye desde su importación hasta su distribución en el mercado interno.
Largas filas de espera son comunes en las gasolineras, en las que algunos conductores duermen en sus vehículos.
El problema del suministro se ha convertido en el principal obstáculo del presidente centroderechista Rodrigo Paz, que asumió el poder en noviembre de 2025 con la promesa de dar solución a la escasez.
"El gobierno nacional dispone la Intervención Estatal Extraordinaria de YPFB para recuperar su eficiencia, fortalecer el abastecimiento de combustibles y transparentar su cadena logística", informó la oficina presidencial en Facebook.
La intervención tiene un plazo de hasta 180 días y no implica la supresión de la empresa. Según el decreto, publicado el martes en la gaceta oficial, se busca "obtener información fidedigna y suficiente para elaborar un análisis".
Una comisión de intervención será integrada por los ministros de Economía, Producción Sostenible, Hidrocarburos y Obras Públicas y por el viceministro de Transparencia, quienes recomendarán auditorías y acciones.
"Las medidas regulares que habíamos tomado no funcionaron y (...) es por eso que estamos tomando esta medida extraordinaria" de intervención, dijo en conferencia de prensa Marcelo Blanco, ministro de Hidrocarburos.
Blanco atribuyó la escasez a "deficiencias logísticas en la importación y distribución" de YPFB.
"La intención del gobierno nacional es que" la estatal "vuelva a su rol natural" de exploración, explotación y refinación y "no se dedique a comercializar hidrocarburos", dijo el alto funcionario.
En diciembre, Paz eliminó los subsidios a los combustibles, una política emblemática de los gobiernos socialistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025) que hundió a Bolivia en su peor crisis económica en cuatro décadas.
Agotó las reservas en divisas y terminó por complicar la continuidad de las importaciones de los mismos carburantes que se subsidiaban.
Paz prometió que el cese de las subvenciones acabaría con las largas filas de espera en las gasolineras, pero eso no ocurrió hasta ahora.
Y a ese malestar se sumó en enero una ola de denuncias contra YPFB por distribuir una gasolina contaminada, que dañó al menos a 36.000 vehículos hasta junio.
Mauricio Zamora, ministro de Obras Públicas, denunció a la prensa que "la mitad del combustible" importado por el Estado termina contrabandeado a otros países, con la complicidad de trabajadores de YPFB.
Algunas protestas intermitentes de campesinos se reportan desde la semana pasada, luego de que el Ejecutivo duplicara el precio del diésel hasta los 1,5 dólares por litro para evitar que por su bajo precio interno se destine al contrabando, que señala como causa del desabastecimiento actual.
Con neumáticos y árboles derribados, decenas de campesinos manifestantes se juntaron para cerrar por 24 horas el paso a una fila de camiones y otros vehículos en la localidad de Cuatro Cañadas, uno de los cuatro puntos de bloqueo registrados en el departamento oriental de Santa Cruz este miércoles, constató la AFP.
Las tomas de vías desafían el estado de excepción que el gobierno decretó para apagar las anteriores protestas contra la crisis económica, que paralizaron al país entre mayo y junio.
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