El Congreso boliviano aprueba ampliar por 90 días el estado de excepción ante las amenazas de protestas sociales

El Congreso de Bolivia aprobó este jueves en sesión pública la ampliación por 90 días más de un estado de excepción que comenzó en junio pasado, ante la preocupación oficial de una reanudación de las protestas antigubernamentales.

El pasado 20 de junio el mandatario centroderechista Rodrigo Paz decretó la medida de emergencia, tras 53 días de manifestaciones callejeras y bloqueos de carreteras protagonizados por obreros, indígenas y campesinos afines al expresidente Evo Morales (2006-2019).

Los reclamos comenzaron por la crisis económica, la más grave en cuatro décadas, y la venta de gasolina de mala calidad. Luego desembocaron en pedidos de renuncia de Paz, en el poder desde noviembre pasado.

Las ciudades de La Paz y su vecina El Alto sufrieron una grave escasez de alimentos y medicamentos, lo que obligó al gobierno a tomar la medida que restringe el derecho a manifestar y permite movilizar militares.

El vicepresidente del país y presidente del Congreso, Edmand Lara, declaró tras la votación del Congreso: "existiendo mayoría absoluta, queda aprobada la ampliación del estado de excepción por el plazo de noventa días".

El gobierno explicó previamente que el decreto era por 90 días y concluía este viernes 18, pero solicitó al Congreso extenderlo de manera excepcional por otros 90 días más por un panorama político y social complicado.

El ministro de Gobierno (Interior), Marco Antonio Oviedo, aseveró que "la medida lo que busca es mantener el desarrollo, el movimiento y la normalización de la economía, garantizar la libre circulación".

La oficina de prensa de Oviedo señaló después en un comunicado que existen "amenazas de reactivación y articulación de bloqueos, marchas y paros, y alertas tempranas con convocatorias, ampliados, ultimátums y desplazamiento de contingentes" sociales para los próximos días.

Campesinos, cocaleros de Morales y choferes han amenazado con retomar las protestas debido a la persistente escasez de combustibles, pese a que Paz duplicó el costo de la gasolina y triplicó el del diésel.

Además, la administración boliviana se comprometió ante el FMI a eliminar todo subsidio para los carburantes desde enero próximo, para obtener una millonaria cooperación económica.